Durante los procedimientos judiciales es necesario
cumplir con ciertas formalidades, es común que se determine cosa juzgada,
cuando un asunto ya ha sido resuelto previamente y preexiste una sentencia
firme, sin embargo en materia familiar, las sentencias no constituyen cosa
juzgada de manera absoluta, por lo que las decisiones pueden alterarse cuando
las circunstancias que dieron lugar a la sentencia se hayan modificado.
Esto tiene relación ya que los juzgadores tienen la obligación de resolver, atendiendo en primer lugar al interés superior del menor, priorizando las nuevas circunstancias, y se han emitido diferentes criterios para darles prioridad sobre otros derechos, es así que cuando en una controversia del orden familiar, los derechos de los menores se encuentran comprometidos, en relación a los derechos de los progenitores, se le debe dar prioridad a los derechos de los menores.
En los procesos de divorcio, es necesario determinar quien de los progenitores es el más apto para ejercer la Guarda y Custodia, de los menores. El cual se encargara de velar por el adecuado desarrollo de los hijos, tanto físico como emocional y el otro progenitor, gozara de los derechos de visitas y convivencia, sin embargo, estos roles no son definitivos, ya que se pueden modificar en caso de ser necesario y en beneficio del menor.
En cuestiones familiares las circunstancias pueden
modificarse, por el simple transcurso del tiempo, en algún momento el
progenitor que fue apto para desempeñar la Guarda y Custodia del menor, puede no
serlo después, por múltiples factores que influyen en la vida misma, adicciones,
perdida de las fuentes de trabajo, una nueva relación, inestabilidad emocional,
abandono, violencia familiar, entre muchas otras cosas.
Por tal motivo, si la vida misma cambia, también puede modificarse la Guarda y Custodia de los menores, presentando los medios probatorios, ante órgano jurisdiccional competente, que sirvan de indicio para acreditar el cambio de circunstancias, sobre todo cuando existen casos de violencia familiar sobre el menor y que pueden comprometer su adecuado desarrollo físico y emocional.
Los menores deben gozar de la protección de sus derechos y el estado debe utilizar todos los medios a su disposición para tutelarlos, resolviendo en todo momento en atención a la protección de sus derechos, aun cuando se encuentren contrapuestos de los derechos de sus progenitores, que pueden considerar que al tener una sentencia previa, ya no se puede modificar la Guarda y Custodia de los menores.
En virtud de lo anterior, los juzgadores en cumplimiento del interés superior del menor, deben resolver según el caso concreto, valorando cada uno de los elementos con los que cuentan, para estar en aptitud de emitir una resolución que tenga como prioridad la protección del interés superior del menor y tomando en cuenta las nuevas circunstancias en su beneficio, modificando en su caso quien de los progenitores desempeñara la Guarda y Custodia sobre el menor.
